La ley de “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”, Ley 19.886, describe las disposiciones generales, requisitos y procedimientos que deben seguir los organismos públicos y proveedores del Estado para la transacción de productos o servicios. Al mismo tiempo, detalla el rol que tiene la dirección de compras públicas dentro de esta dinámica y los servicios que debe ofrecer para que las compras sean efectivas.

La primera vez que leí esta ley me pareció bastante clara. Yo, que jamás había leído una ley, entendí las condiciones generales del proceso y los detalles técnicos que tiene cada etapa. Pero lo primero que me llamó la atención fue que la ley empuja a que el organismo público sepa con mucho detalle lo que desea comprar. Sea lo que sea que va a pedir, debe dar la mayor cantidad de detalles para que el proveedor oferte y para que la evaluación sea lo más cuantificable posible. Eso, por supuesto, condiciona el sistema de transacción a una lógica centrada en el producto.

Desde esa dinámica, se diseñaron agrupaciones de productos y servicios con varios niveles de profundidad, en donde los organismos tienen que hacer coincidir lo que quieren comprar con lo que el sistema dispone. Esto le exige a las áreas requirentes de los organismos a que etiqueten a la perfección su licitación, para que posteriormente, el proveedor navegue con precisión en búsqueda de una oportunidad de negocio. El esfuerzo es gigantesco en ambas partes porque, frente al mal etiquetado y los errores de navegación, hay licitaciones que reciben muy pocas ofertas o que nunca ven la luz y terminan desiertas.

La realidad desafortunadamente es otra. En las distintas entrevistas, pruebas de usabilidad y sesiones de trabajo que he tenido con funcionarios, lo primero que sale a la luz respecto a la acción de compra es la poca claridad interna que se tiene sobre qué comprar. Quienes solicitan la compra no saben bien lo que quieren y, por lo tanto, existe un proceso de “interpretación” desde las áreas que consolidan la licitación. Esto termina afectando el contenido de las bases de la licitación y se generan más dudas que respuestas. Desde la otra vereda se detecta el mismo síntoma: los proveedores declaran que “los organismos no describen bien lo que quieren. A veces ni siquiera saben”.

¿No será entonces más fácil licitar una necesidad en vez de un listado de productos?

De la solicitud al diálogo

Desde el área de innovación de ChileCompra, Cristian Carreño ha impulsado en conjunto con el Ministerio de Economía y el Laboratorio de Gobierno un proyecto llamado “Compra pública innovadora”. El proyecto busca “impulsar una nueva lógica en las compras públicas, incorporando la innovación como práctica a lo largo de todo el ciclo de la compra pública, poniendo el foco en las necesidades y problemas de cada institución”. Sobre la base de tres principios, se estructuran seis fases que guían al organismo hacia una compra más pertinente, transparente, conectada con las necesidades de los usuarios y que tenga como consecuencia una mayor eficiencia.

Directiva de innovación para compras publicas

El pasado mes de enero se lanzó la consulta pública de la Directiva de Innovación para las Compras Públicas en donde Carabineros, Sernac y Parque Metropolitano fueron parte del piloto que puso a prueba este instrumento. La directiva promueve una serie de herramientas que se utilizan en cada etapa del proceso de compra y que ayudan a gestionar una mejor compra. Cada herramienta está situada en el contexto legal que tienen los organismos públicos, pese a las particularidades que existe en cada institución.

Actualmente la directiva está abierta a recibir observaciones y es un primer paso hacia la reconfiguración de los organismos públicos. Hoy por hoy, lo que la institución quiere comprar se define en silos y las instancias de diálogo entre quienes solicitan y quienes consolidan esa solicitud, son casi nulas. Un segundo paso, más ambicioso pero necesario, sería buscar mecanismos legales para fomentar la compra de mejores soluciones a necesidades nuevas y/o poco definidas.

Pese a que la directiva corresponde a una guía con una serie de “recomendaciones para incorporar prácticas y herramientas”, estas intentan transformar el “envío de la solicitud técnica al área de adquisición” en un “trabajo basado en la colaboración entre las partes que participan del proceso”. Es un cambio ambicioso en el actuar de los organismos y, por lo mismo, la pregunta que levantó Alejandro Barros sobre los incentivos al cambio tiene todo el sentido.

La directiva se sigue enmarcando en lo que dice la ley y en describir lo que el organismo va a comprar en la licitación, pero es una herramienta interesante para testear si las bases de licitación mejoran con este cambio en la práctica. Es una aspiración personal ver que el diseño de servicio logre efectivamente hacer más eficiente las compras de un organismo y que, en un futuro no tan lejano, la lógica de prototipar y testear sea una práctica en el diseño de políticas públicas.